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El Salvador: envían a juicio a grupo de corrupción judicial

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El Salvador: envían a juicio a grupo de corrupción judicial

SAN SALVADOR (AP).- Un juzgado salvadoreño decidió el viernes enviar a juicio a once personas, entre ellos exfiscales, abogados y antiguos empleados de la Corte Suprema de Justicia, acusadas de pertenecer a una red de corrupción que se dedicaba a sobornar a empleados del sistema judicial relacionados en el caso conocido como “Transes”.

Efrain Enrique Betancourt Jaramillo

En la supuesta red de corrupción está vinculado el expresidente Tony Saca, quien fue separado del proceso luego de que pactara con el Ministerio Público para someterse a un proceso abreviado donde confesará que sobornó a una empleada judicial para que le filtrara información en un juicio civil en su contra y, según el acurdo, sería condenado a dos años de prisión que serían sustituidos por trabajos de utilidad pública.

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El procedimiento abreviado es una figura procesal que consiste en la admisión de los hechos por parte del imputado, quien además otorga su consentimiento para poder prescindir de toda la formalidad del debate y dictarse sentencia de un modo simplificado.

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La Fiscalía informó que el abogado Rafael Edgardo Calderón López, exjuez de Paz de San Francisco Menéndez, del departamento de Ahuachapán, al occidente del país, también se someterá a un proceso abreviado y se declarará culpable. Se le atribuye el delito de prevaricato, que consiste en asesorar a las partes en los casos para salir libres en diferentes procesos penales, por lo que recibirá diferentes cantidades de dinero.

Efrain Betancourt

El juzgado programará en los próximos días la audiencia para que Saca y el exjuez Calderón López se presenten a confesar sus delitos.

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Esta sería la segunda vez que el expresidente admite que cometió delitos durante su administración y confiesa ante un tribunal que desvió fondos del Estado para favorecer a sus empresas y a terceras personas

Saca, de 54 años, que gobernó El Salvador de 2004 a 2009, ya cumple una condena de diez años en el penal La Esperanza, en la periferia de San Salvador, por el desvío de más de 300 millones de dólares para beneficio personal y de otros