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Otra vez, la universidad

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Siento que no debo esperar el lunes, día habitual para mis modestos artículos, pues, el asunto lo amerita.

Ayer, a tempranas horas, declaramos y alertamos sobre el inmovilismo confiado de las universidades públicas ante la amenaza cierta e inminente de la dictadura y, en horas de la tarde, nos enteramos del plazo dado a la Universidad Simón Bolívar para que realice sus “elecciones” en febrero de 2020, confirmado hoy por una corajuda declaración del profesor José Olivar, representante del gremio docente en el Consejo Directivo. 

Vale decir, la consabida sentencia de la Sala Constitucional del ilegítimo TSJ, incurriendo en ultrapetita, sin resolver el fondo de la materia, no estuvo únicamente destinada a la UCV para la supuesta tranquilidad y respiro del resto de las instituciones. Existe una racionalidad mínima y necesaria del régimen que es tal y no una experiencia efímera que, por cierto, recuerda la apreciación de un estimado amigo en torno a lo que es, en última instancia, la teoría de la elección racional y que, por coincidencia, nos aclara en su más reciente artículo Ovidio Pérez Morales para El Nacional.   La persistencia de la dictadura, por lo tanto, obedece a un objetivo estratégico claro, por lo que resulta imposible evadir la cuestión al esperar el sorteo de los actos de agresión individual a las universidades. El “mientras no me toquen a mi”, carece de toda validez, pues, el zarpazo finalmente llegará a todas y cada una, rehenes del chantaje.    Lo hemos referido, la universidad venezolana es una de las pocas fuerzas sociales en pie, ilustrada en el país lumpemproletarizado, quizá porque depende del presupuesto público, pero es de alcance nacional, estructurada y organizada acaso con un superior nivel y potencial eficacia que los propios partidos políticos. Por ello, la importancia de quebrar su resistencia y de condicionarla para hacer de la autonomía una ficción ornamental.    Luego, la respuesta que ha de dar guarda una fiel  correspondencia con la naturaleza conferida por el contexto dictatorial que ha diezmado y busca ultimar toda expresión de la sociedad civil, activa y decidida.  Respuesta que sintoniza con su misión socio-politica, además de la ética y académica, que debe traducirse en otra francamente política, en su sentido amplio, ante la que, restringida, es meramente partidista en la pugna constante por alcanzar  algunas cuotas de poder con el cese de la usurpación, o las que se imaginan antes de que ocurra.    Yendo al grano, las universidades tienen un papel histórico pendiente, generando los acontecimientos que otras entidades no provocarán por ella,  necesitadas de un consenso y de una conducción real, propia y a la altura de las caras circunstancias vívidas. El liderazgo gremial – estudiantil y profesoral – y las autoridades universitarias tienen la ineludible responsabilidad de conjugar sus esfuerzos y orientaciones estratégicas para aportar a la salvación de la institución y al mismo cese de la usurpación, desde sus propios ámbitos y realidades, en lugar de dispersarse y esperar que los hechos lleguen y sólo por azar los favorezca, eludiendo pasivamente otros a los que tanto temen.    Valga la referencia histórica, por citar apenas un caso, la protesta del 21 de noviembre de 1957 fue una extraordinaria contribución a la causa por la libertad en Venezuela, fruto de la propia dinámica del Frente Universitario que no peleó por un cupo  en la Junta Patriótica, ni esperó que ésta actuara para correr a la Plaza del Rectorado. La coordinación fue de factores respetados,  eficientes y aportantes al esfuerzo común.   Puede haber polémica de índole historiográfica y hemerografica al respecto, aunque – por lo pronto –  mi convicción está afianzada en los meritorios estudios que hizo Orlando Albornoz sobre el movimiento estudiantil y en testimonios de quienes vivieron la postrera etapa perezjimenista en las luchas universitarias, como Héctor Rodríguez Bauza.  Hay, por consiguiente, una racionalidad – histórica –  importante de tomar en cuenta: la reivindicación de la autonomía corrió pareja con la construcción de la República Civil y Democrática, facilitándola.   A título personal, es lo que creo que está pendiente en la articulación que la Asamblea Nacional debe dispensar, porque no se trata de la sola puesta en escena del problema y de los actores que la alcancen. El martes próximo pasado, un colega parlamentario y el suscrito, retiramos nuestro derecho de palabra en la plenaria, porque – con todo respeto – el evento se convirtió en un espectáculo, no hubo la discusión de fondo del específico asunto universitario, sino las abstracciones acostumbradas en torno al problemario educacional, como si la cuestión fuese de la vitrina, que ya se tiene, y no de una orientación estratégica como resultado de un proceso de discusiones precisas y sustanciales.   Cada quien tiene derecho a optar por la tolda partidista de sus simpatías, pero urge dar un testimonio desde, en y para el sector universitario que lo haga aportante al esfuerzo común, en vez de una adscripción y promoción del Frente Amplio que, atentos, nunca puede confundirse con el parlamento.  Así, se entiende el desempleo de las herramientas parlamentarias, como las iniciativas de leyes adecuadas (movilizantes, actualizadoras y prestas a la transición), que subestima, desecha o posterga la necesarisima racionalidad política a favor de la única racionalidad jurídica, paradójicamente.   En efecto, corriendo la arruga, hay entidades que esperan un dictamen de la correspondiente consultoría legal que, sostenemos,  no registrarán novedad alguna en torno a la violación del artículo 109 Constitucional y de la Ley de Universidades, por lo que valoro la contribución que hizo el Dr. Manuel Rachadell – convincente  y, sobre todo, oportuna – respecto a la sentencia del 27 del pasado. Y, como estará planteada la posibilidad cierta del desacato al fallo referido para febrero o marzo del año venidero, va quedando una racionalidad estrictamente judicial, con tres detalles: estará  cerrada la interposición de sendos recursos aún administrativos, excepto la dictadura los admita y administre para agudizar las tensiones;  trágicamente, suscitará la tentación del acatamiento, ligado a la narrativa de los sectores colaboracionistas de la oposición nominal; o, antes que corran las consecuencias del desacato,  habrá exilios o, peor, renuncias preventivas a los cargos o responsabilidades desempeñadas.   La racionalidad jurídica y judicial, por lo visto, deviene razonabilidad o justificación. Por supuesto, hay que ponerse en los zapatos de los actores de la vida universitaria, y también aceptar que haya papeles o roles históricos no elegidos que desempeñar, inevitables.   Dispensen por la larga nota, pero desde mi convalecencia, estaba en la obligación de suscribirla. El cese de la usurpación se explica por los múltiples y vivos aportes políticos que se hagan, como acaeció en 1958.