A pesar de que en 1960 un alto oficial de la agencia de inteligencia china afirmó públicamente que su país nunca utilizaría la seducción para atrapar a personas, documentos desclasificados y testimonios de diplomáticos revelan que durante décadas los servicios de inteligencia chinos han empleado enredos románticos para comprometer o extraer información de personajes prominentes. El oficial Kong Yuan, del Departamento de Investigación Central, declaró entonces que tales tácticas eran propias de la CIA o la KGB, pero que China estaba guiada por principios éticos. Sin embargo, esta promesa formal nunca se materializó en la práctica operativa.

En años recientes, autoridades estadounidenses han señalado que el Ministerio de Seguridad del Estado chino, responsable de las operaciones de inteligencia actuales, reclutó a una empresaria china para recopilar información sobre Jensen Huang, quien hasta hace poco fue director ejecutivo de Nvidia y una de las figuras más influyentes en la revolución de la inteligencia artificial. Según los reportes, la mujer en cuestión, Alice Huang o Huang Le, era ejecutiva de una empresa singapurense que opera centros de datos en el sudeste asiático utilizando tecnología Nvidia y alquila su capacidad de procesamiento a empresas chinas.

Jensen Huang ha reconocido públicamente que mantuvo una relación romántica con la empresaria, aunque ha negado tener conocimiento de cualquier vínculo de ella con agencias de espionaje. El presidente Trump afirmó que Huang le comunicó que desconocía que la mujer trabajaba para servicios de inteligencia extranjeros. Por su parte, China ha rechazado categóricamente las acusaciones de espionaje contra Alice Huang, calificándolas como difamaciones contra el país y cuestionando la falta de pruebas concretas presentadas por autoridades estadounidenses.

Aunque los funcionarios estadounidenses no han proporcionado evidencia pública que respalde sus aseveraciones, el caso ilustra las sofisticadas tácticas que China continúa empleando para infiltrarse en sectores estratégicos de otros países. Alice Huang ha permanecido en silencio y no ha respondido a las solicitudes de comentarios de los medios de comunicación, dejando muchas preguntas sin resolver sobre el alcance y los objetivos reales de la operación de inteligencia.

Fuente: NYT — Ver nota original

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Héctor Schamis, reconocido columnista y docente de la Universidad de Georgetown, analizó en NTN24 la crítica situación de los presos políticos que permanecen encarcelados bajo el régimen chavista en Venezuela, meses después de la captura del dictador Nicolás Maduro. El académico enfatizó la gravedad de la situación carcelaria y la necesidad de esclarecer los crímenes cometidos durante los años de represión política.

Según el análisis de Schamis, la repetición sistemática de crímenes contra opositores y activistas representa un obstáculo fundamental para cualquier proceso de transición democrática en el país caribeño. El experto señaló que mientras se mantengan estas prácticas represivas sin consecuencias legales, resulta imposible construir las bases institucionales necesarias para una verdadera democracia.

La situación de los centros de reclusión como el Rodeo I ha sido documentada como uno de los mayores focos de torturas sistemáticas, según denuncias de derechos humanos. Los presos políticos continúan protestando desde las celdas, exigiendo su liberación inmediata y la investigación de los abusos cometidos en su contra durante años de represión.

Para Schamis, la justicia transicional es imprescindible para que Venezuela pueda avanzar hacia un sistema democrático genuino. Sin investigaciones independientes, sin rendición de cuentas y sin reparación para las víctimas, cualquier intento de transición política estaría condenado al fracaso y perpetuaría los ciclos de violencia que han caracterizado al régimen.

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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Leonardo Bertulazzi, miembro de un grupo militante de extrema izquierda que participó en el secuestro y asesinato del primer ministro italiano en 1978, logró escapar de su arresto domiciliario en Buenos Aires después de décadas viviendo en Argentina. Enfrentaba una inminente extradición a Italia, donde lo esperaba una sentencia de 27 años de prisión por delitos relacionados con terrorismo, según informó el ministerio de defensa argentino.

Bertulazzi, de 74 años, estaba confinado en un apartamento en el quinto piso de un edificio en la capital argentina bajo vigilancia policial constante. Además del arresto domiciliario, debía usar un monitor de tobillo y su situación se agravaba por haber sufrido tres accidentes cerebrovasculares en los últimos dos años, según su abogado defensor.

El escape ocurrió el martes, mientras gran parte de la policía de Buenos Aires estaba enfocada en la visita del Papa Francisco. Cuando dos oficiales realizaban una verificación rutinaria durante el cambio de turno, nadie respondió al timbre del apartamento. Los investigadores creen que Bertulazzi escapó entre las 6 y las 8 de la mañana de ese día.

El monitor de tobillo del fugitivo continuaba indicando que se encontraba en el apartamento, lo que llevó a las autoridades a descubrir un sofisticado dispositivo electrónico con cables conectados a un tomacorriente. Este hallazgo fue tan preocupante que los oficiales tuvieron que llamar a la unidad de desactivación de explosivos antes de proceder con la investigación del escape.

Fuente: NYT — Ver nota original

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La Corte Suprema de Estados Unidos anunció el viernes que revisará la legalidad de la política de la administración Trump que niega categóricamente las solicitudes de asilo de personas que cruzan la frontera sur. Esta decisión representa otro examen importante de la agenda migratoria del presidente, quien ha implementado medidas restrictivas sin precedentes en su segundo mandato.

Desde el primer día de su retorno a la Casa Blanca, Trump efectivamente cerró la capacidad de personas que temen tortura y persecución para solicitar protección de asilo en la frontera y permanecer en Estados Unidos. Mediante una proclamación, el presidente invocó lo que denominó "el derecho inherente y deber del poder ejecutivo de defender nuestra soberanía nacional", argumentando que existe una "invasión" en la frontera sur. Aunque grupos de derechos migratorios impugnaron inmediatamente la proclamación y los tribunales inferiores la declararon ilegal, la política ha permanecido en vigor bajo órdenes judiciales temporales.

Este término de la Corte Suprema, que comenzó en octubre y concluirá el próximo verano, se perfila como dominado por las agresivas políticas migratorias de Trump. En diciembre, la corte revisará los esfuerzos de la administración para deportar inmigrantes a países terceros donde no tienen vínculos, incluyendo naciones que han enfrentado acusaciones de abuso de derechos humanos. El próximo año, la corte considerará la política de detención indefinida de inmigrantes que cruzaron ilegalmente hace años.

Una pregunta central en el caso de asilo es si el presidente puede anular la ley de inmigración establecida por el Congreso. D. John Sauer, el fiscal general de Estados Unidos, argumentó ante los magistrados que su intervención era "urgentemente justificada", en parte porque la política es la "principal herramienta" de Trump para detener "una crisis sin precedentes de entrada ilegal incontrolada". El resultado de este litigio podría definir los límites del poder ejecutivo en materia migratoria.

Fuente: NYT — Ver nota original

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró la aprobación unánime del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de un nuevo marco de cooperación con el país. Según la mandataria, este acuerdo marca una nueva etapa de relacionamiento internacional, asistencia técnica y apoyo directo a los sectores público y privado venezolanos, representando un hito importante en las relaciones diplomáticas.

Rodríguez enfatizó que esta aprobación responde a una diplomacia enfocada en logros concretos para los venezolanos, priorizando especialmente la recuperación económica y la mejora de los servicios públicos. La dirigente destacó que el nuevo marco abre oportunidades significativas para fortalecer instituciones y programas en beneficio de toda la población.

El directorio del BID aprobó un documento de trabajo que constituye la primera hoja de ruta formal del organismo para la reanudación de sus operaciones en Venezuela. Aunque se trata de un instrumento transitorio diseñado para orientar las futuras operaciones, es importante notar que no implica préstamos inmediatos ni resuelve los atrasos en pagos pendientes del país con la institución.

Este documento establece las prioridades estratégicas del Banco pero requiere la elaboración posterior de una estrategia integral más completa. El acuerdo representa un paso fundamental para normalizar la relación entre Venezuela y el BID, permitiendo que la institución financiera internacional retome gradualmente su labor de apoyo al desarrollo económico y social del país.

Fuente: Banca Negocios — Ver nota original

Humberto Villalobos, arquitecto caracaleño nacido en 1957, se ha convertido en un aliado clave de María Corina Machado en la reconstrucción del censo electoral venezolano. Durante dos décadas ha investigado las irregularidades del Consejo Nacional Electoral desde los tiempos de Hugo Chávez, documentando sistemáticamente los problemas del sistema de votación en Venezuela. Su dedicación obsesiva comenzó tras presenciar lo que considera fue el primer gran fraude electoral del país durante el referéndum revocatorio de 2004, cuando observó inconsistencias flagrantes entre el voto mayoritario en su centro y los resultados finales reportados por las máquinas.

Villalobos fue el arquitecto intelectual del plan que permitió demostrar la victoria de Edmundo González y denunciar el fraude de Nicolás Maduro en las elecciones de 2024. Este proyecto monumental requirió la colaboración de 600.000 personas que recopilaron y organizaron las actas electorales de todo el país, creando un registro paralelo que contradecía la narrativa oficial del régimen. Su trabajo meticuloso proporcionó pruebas documentales del fraude electoral más reciente en Venezuela.

Actualmente, Villalobos lidera la plataforma Constructores, una iniciativa digital que busca actualizar el registro de ciudadanos venezolanos dispersos por el mundo. Según sus cálculos, aproximadamente 10 millones de venezolanos quedarían excluidos del proceso electoral si no se actualiza el censo. La plataforma permite que los emigrados «alcen la mano y digan: aquí estoy», facilitando que participen en futuras elecciones transparentes. Esta iniciativa es fundamental para garantizar que todos los venezolanos, incluidos los millones en el exilio, tengan derecho al voto en procesos electorales con garantías.

Machado y González han retomado esta reivindicación como parte de su agenda política, incluyéndola en la Declaración de Madrid presentada en la XXX Cumbre Iberoamericana. El objetivo es evitar un posible fraude orquestado por Delcy Rodríguez y asegurar que las próximas elecciones, aún sin fecha definida, se realicen con transparencia y participación de todos los venezolanos. El trabajo de Villalobos representa un esfuerzo sin precedentes por democratizar y legitimizar el proceso electoral venezolano frente a la manipulación histórica del régimen.

Fuente: La Patilla — Ver nota original

La Fiscalía Centro Norte de Chile activó este viernes el procedimiento para solicitar a Perú la extradición del venezolano Carlos Cortez Flores, conocido como "Carlitos Nike", quien fue identificado en una prisión peruana como uno de los presuntos implicados en el asesinato del carabinero Daniel Palma, ocurrido en abril de 2023 en Santiago. El sospechoso permanecía recluido en el penal de Aucallama, en Huaral, bajo una identidad falsa, tras haber sido detenido en 2025 por investigaciones relacionadas con secuestro y extorsión. Su verdadera identidad fue revelada tras una alerta sobre posibles suplantaciones dentro del establecimiento penitenciario.

La fiscal Marcela Adasme explicó que el Ministerio Público chileno acudió al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para formalizar los cargos contra Cortez Flores en ausencia, un trámite necesario para avanzar con su entrega a las autoridades chilenas. "Hemos iniciado, a través del trámite que se conoce como formalización en ausencia, el proceso de extradición, que significa solicitar al país donde se encuentra su llegada al país nacional para responder por los cargos que se le imputan", declaró la funcionaria.

La urgencia del procedimiento responde a la posibilidad de que el venezolano quede en libertad durante diciembre. Aunque la justicia chilena no puede imponer directamente una medida de prisión preventiva sobre una persona detenida en otro país, sí puede presentar los antecedentes necesarios para solicitar que permanezca bajo custodia mientras se resuelve su extradición. "Es de nuestro interés que, obviamente, el imputado no recupere su libertad", advirtió Adasme.

Según la Fiscalía, Cortez Flores habría intervenido directamente en dos episodios: un ingreso armado a un recinto tipo cité con disparos y el posterior ataque que terminó con la muerte de Palma. Por estos hechos, enfrenta imputaciones por robo con intimidación, disparos injustificados en la vía pública, porte de arma de fuego prohibida y homicidio de un funcionario de Carabineros en servicio. La investigación también permitió identificar a otro venezolano, Yefferson Jesús Flores Espinal, recluido en la misma cárcel peruana con documentación falsa.

Fuente: La Patilla — Ver nota original

El comisionado presidencial para la Constituyente y Consensos Laborales, Eduardo Piñate, confirmó el viernes que los trabajadores de la administración pública recibirán una bonificación navideña superior a los 51 dólares pagados en 2025. Sin embargo, el funcionario evitó precisar el monto exacto que desembolsará el régimen, generando incertidumbre entre los empleados públicos en medio de los reclamos de los gremios de salud y educación que exigen un aguinaldo de 960 dólares.

Durante una entrevista en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Piñate aseguró que el beneficio se distribuirá en dos pagos, a diferencia del año anterior cuando los trabajadores recibieron el equivalente a 51 dólares fraccionados en cuatro entregas. No obstante, el funcionario no ofreció fechas concretas de pago ni explicó los criterios que se utilizarán para determinar el monto definitivo de la bonificación navideña.

La promesa del gobierno de superar los 51 dólares del año pasado no permite a los trabajadores establecer la diferencia real entre lo que recibirán y sus necesidades económicas durante las festividades decembrinas. Esta falta de transparencia mantiene la incertidumbre entre los empleados públicos sobre cuánto dinero tendrán disponible para las compras navideñas y gastos de fin de año.

Mientras el chavismo mantiene el misterio sobre los montos definitivos, los trabajadores de salud, educación básica y universidades reclaman que el aguinaldo se calcule sobre el ingreso integral mensual de 240 dólares en lugar del salario básico. La propuesta sindical contempla cuatro meses de remuneración, equivalentes a los 960 dólares que exigen como beneficio navideño justo.

Fuente: La Patilla — Ver nota original